La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Susana Méndez Arellano, acudió a interponer una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en conta de servidores públicos de la Secretaría General de Gobierno, adscritos al Periódico Oficial del Estado y contra quienes resulten responsables, debido al impedimento u omisiones reiteradas para hacer cumplir la Constitución y no publicar los acuerdos remitidos a la autoridad.
Méndez Arellano explicó que han realizado tres requerimientos, desde el pasado 12 de abril de 2024, sin embargo se obstaculizó la publicación del Acuerdo No. PR/04/2024, identificado con el rubro “ACUERDO GENERAL QUE EMITE LA PRESIDENTA DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN QUE REGULA EL TRAMITE Y LA SUBSTANCIACIÓN DE LOS INCIDENTES DE COMPENSACIÓN DERIVADOS DE LAS RECOMENDACIONES”, lo que impide el efectivo ejercicio de los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos, toda vez que no les permite acceder a los mecanismos de reparación integral del daño, a través de la compensación, lo que es una clara contravención a lo dispuesto por el artículo 7, Fracción II, y demás aplicables de la Ley de Víctimas del Estado de Nuevo León.
Debido a la nula actividad por parte del Periódico Oficial del Estado en lo correspondiente a la publicación del Acuerdo, podría constituir conductas dolosas que revictimizan a las personas agraviadas en sus derechos humanos.
Además, la presidenta del organismo señaló que el pasado 18 de abril, realizaron una visita de inspección a la CEDHNL, que no está regulada en ningún ordenamiento jurídico y enviaron a un servidor público que supuestamente actuaba con un acuerdo delegatorio del Secretario General de Gobierno, quien constató que el acuerdo se encuentra en la tabla de avisos, sin embargo, esto es para que lo conozcan las personas servidoras públicas de la Comisión y estudien para su actuación en caso de la determinación de la reparación del daño.
Cabe señalar que la Ley, sólo faculta al Periódico Oficial del Estado para hacer observaciones a la documentación, no a realizar visitas de supervisión, por lo que podrían estar incurriendo en un delito.
“Si no se publica el acuerdo, existe la posibilidad de impugnación o decretar que no tuvo efectos, y lo que queremos es salvaguardar la legalidad de los actos de la Comisión y proteger a las víctimas, que es nuestra labor; Será la Fiscalía la que determine en su competencia, si existe la comisión de algún delito por parte de otros servidores públicos, como abuso de autoridad, ejercicio ilícito de las funciones públicas ”, puntualizó Méndez Arellano.´
Finalmente la Presidenta de la CEDH reiteró su compromiso de velar por la protección de las víctimas, proporcionando mecanismos de reparación integral, de conformidad con el artículo 1 de la Ley General de Víctimas, y en estricto apego a los principios establecidos en dicho ordenamiento, el cual define a las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica, como integrantes de la reparación integral del daño a las víctimas.
